Quito, 19 dic (Prensa Latina) Líderes sindicales de Ecuador afirmaron hoy que acudirán a la Corte Constitucional contra la ley económica urgente aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) a solicitud del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Un grupo de trabajadores se reunió en las afueras de la sede del legislativo en la tarde de este martes, horas después de que 107 asambleístas dieran el visto bueno a la normativa.
Con consignas de «Abajo el pacto de la impunidad» rechazaron la medida que incluye, entre otras medidas, la condonación de multas, intereses y recargos a un grupo de contribuyentes.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, informó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal correspondiente.
Aprobaron una ley nefasta para el pueblo ecuatoriano, el mensaje es que van a resolver el déficit fiscal afectando a los trabajadores, expresó Villavicencio.
Consideró que la disposición facilita la mano de obra barata, precaria, mientras la banca y las grandes corporaciones no pagarán por la salida de divisas.
Lamentó también que este gobierno tenga en proyecto eliminar subsidios e implementar el trabajo por horas, por lo cual el líder sindical vaticinó un 2024 de lucha.
Más temprano, el FUT emitió un comunicado donde plantea que la Asamblea no tomó en cuenta las propuestas y opiniones de los sectores sociales organizados, a quienes se les negó participación en este proceso y son los afectados por estas decisiones injustas e inequitativas.
Analistas consideran que si bien la aprobación de la llamada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo representa una victoria política para el Gobierno y demuestra la posibilidad de diálogo en el legislativo, en la práctica no resolverá la severa crisis fiscal de Ecuador.
En declaraciones a Prensa Latina, el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, coincidió con esa afirmación.
Comentó que para él hubieran sido más efectivas otras medidas, como por ejemplo subir a cuatro por ciento el impuesto de salida de divisas o gravar las bebidas alcohólicas y azucaradas, pero la propuesta del presidente Daniel Noboa fue otra y sobre ella negociaron.
Aclaró que no se afectan los derechos de los trabajadores, pues el texto hace referencia a nuevas contrataciones y en ellas se deberá respetar el Código de Trabajo vigente.